Religión Digital

Trump, Kast, De la Espriella y Keiko Fujimori invocan a Dios, la familia y los valores cristianos. Pero cuando la fe se convierte en argumento político, cabe preguntarse si el poder está al servicio de la fe o, más bien, si la fe ha terminado al servicio del poder.

Hay políticos que gobiernan en nombre de una Constitución, otros en nombre de una ideología y otros que, con bastante más ambición, parecen querer gobernar en nombre de Dios. Donald Trump, presidente de Estados Unidos; José Antonio Kast, presidente de Chile; Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia; y Keiko Fujimori, presidenta del Perú, pertenecen, con matices muy diferentes, a esta última categoría. Los cuatro han encontrado en Dios, la familia, la vida y los «valores cristianos» elementos particularmente eficaces de su discurso político. ¿Se trata de convicciones religiosas auténticas que simplemente trasladan a la esfera pública? Es posible. ¿O estamos ante una forma particularmente rentable de convertir la religión en capital electoral? La pregunta no es impertinente. Y resulta especialmente pertinente cuando el nombre de Dios empieza a aparecer con demasiada frecuencia allí donde se disputan votos, poder e influencia. Conviene recordar, por tanto, algo bastante elemental: Dios no es candidato, el Evangelio no es programa electoral y Jesucristo no necesita un partido político que lo represente.

No sabemos qué tan sincera es la fe de cada uno. Trump puede creer sinceramente en Dios; Kast puede ser un católico convencido; De la Espriella puede haber vivido una auténtica conversión; Keiko Fujimori puede profesar sinceramente sus convicciones religiosas. Nada de eso resulta incompatible con la posibilidad de que la religión sea utilizada políticamente. La sinceridad personal no constituye un certificado de inocencia política. Un político puede rezar sinceramente y, al mismo tiempo, descubrir que rezar ante una cámara resulta electoralmente conveniente; puede creer en Dios y, sin embargo, presentar sus propias decisiones como si tuvieran una legitimidad superior por proceder de sus convicciones religiosas; puede defender la familia y convertir, de paso, su particular definición política de la familia en una frontera entre los buenos y los malos. El problema, por tanto, no es que estos políticos crean en Dios. El problema aparece cuando Dios comienza a funcionar como aval de sus proyectos políticos. Y ahí conviene empezar a sospechar… Leer más (Martin Scheuch)

LA ERA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La deshumanización nunca empieza con la violencia. Nunca comienza con una agresión, una expulsión o una persecución. Empieza mucho antes, cuando alguien consigue que dejemos de mirar a un ser humano como un igual y empecemos a verlo como un estorbo, una amenaza o un problema del que hay que protegerse; y empieza cuando las personas dejan de tener nombre, historia, familia y sueños para convertirse en una etiqueta. Ese es uno de los mecanismos más peligrosos que existen en política porque, cuando desaparece la humanidad del otro, desaparecen también la empatía, la compasión y los límites morales que impiden justificar cualquier abuso.

Ese es precisamente el motivo por el que el discurso público de Vox ha sido objeto de una creciente preocupación por parte de numerosos juristas, organismos internacionales, investigadores y organizaciones de derechos humanos. No porque un partido no tenga derecho a defender un modelo distinto de inmigración, de seguridad o de organización del Estado, algo absolutamente legítimo en cualquier democracia, sino porque en demasiadas ocasiones el debate deja de centrarse en las políticas para situar el foco sobre las personas. El inmigrante deja de ser un individuo con una historia personal para convertirse en un sospechoso permanente; la persona refugiada deja de ser alguien que huye de una guerra, de una persecución o del hambre para transformarse en una amenaza para el bienestar colectivo; y quien profesa otra religión, habla otro idioma o procede de otra cultura deja de ser un vecino y pasa a ser presentado como alguien incompatible con la identidad nacional.

Lo mismo ocurre con otros colectivos que forman parte de la diversidad de cualquier sociedad democrática. Las personas LGTBIQ+ dejan de ser ciudadanos con los mismos derechos que cualquier otro para convertirse en el blanco de un relato que las presenta como una supuesta amenaza para la infancia, la familia o los valores tradicionales; las personas musulmanas son con demasiada frecuencia observadas antes por su religión que por su condición de seres humanos; la comunidad gitana continúa soportando estereotipos que llevan siglos alimentándose; y cualquiera que no comparta esa visión del mundo, desde periodistas hasta jueces, profesores, activistas o simples ciudadanos, puede acabar siendo señalado como enemigo de España, cómplice de una supuesta agenda ideológica o traidor a la nación. La lógica siempre es la misma: quien no forma parte del «nosotros» termina siendo colocado en el bando de «ellos»… Leer más (Luis F. Sánchez)