La sentencia permite paralizar todos los procesos de ejecución hipotecaria en marcha y revisar los ya ejecutados. Establece que la ley 1/2013 vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y declara la vivienda como bien de consumo de necesidad básica. La sentencia recoge el motivo 5º del recurso de inconstitucionalidad redactado por la PAH y sobre la cual el Tribunal Constituacional todavía no se ha pronunciado .