El gesto simbólico de Pedro Sánchez, las once ministras y los seis ministros de prometer su cargo sin la presencia del Crucifijo ni la Biblia abriga la esperanza de que pueden producirse cambios importantes en las relaciones entre política y religión y, más en concreto, entre la Iglesia católica y el Estado español. Todos los presidentes anteriores, cualquiera fuere su ubicación política –derecha, centro e izquierda- prometieron o juraron su cargo delante del Crucifijo, la Biblia y la Constitución, colocados al mismo nivel, con la carga simbólica de confesionalidad católica que implicaba.
Y lo más llamativo es que la Biblia estaba abierta por el capítulo 30 del libro de los Números, que regula los votos y las promesas de las mujeres. En él se establece que si una mujer es soltera y hace una promesa, solo está obligada a cumplirla si el padre se lo autoriza. De lo contrario no puede cumplirla. Si está casada, solo puede cumplirla con la autorización del marido. Sin ella, le está prohibido cumplirla.
Siempre me ha resultado difícil definir al Estado español en su relación con la religión. Ciertamente no es un Estado ateo, que la persiga, ni laicista, que la reduzca a la esfera privada, como tampoco confesional, en la medida en que tenga una confesión única, ya que la Constitución afirma en el artículo 16.3 que “ninguna religión tendrá carácter estatal”. Pero no me atrevería a llamarlo “laico”. El propio texto constitucional disuade de tal calificación e incurre en una contradicción manifiesta cuando, a renglón seguido, coloca a la Iglesia en un lugar de honor y en una situación de privilegio al declarar que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
Para justificar tamaña muestra de confesionalidad se apelaba –y algunos todavía siguen haciéndolo hoy- a tres argumentos aparentemente sólidos, pero realmente falaces. Uno es el de la mayoría sociológica católica, que, a mi juicio, resulta un mito, ya que la práctica religiosa del catolicismo en España no pasa del 10% de la población. Otro argumento es la apelación a la llamada “tradición católica”, que se impuso a través de la expulsión de las comunidades judías y musulmanas, la represión violenta del movimiento protestante y la condena de las corrientes ilustradas. El tercero es la autoridad moral de la jerarquía eclesiástica, que a veces se comporta como un cuarto poder y se presenta como garante y ejemplo de moralidad, cuando su credibilidad deja mucho que desear, su voz es cada menos escuchada y sus orientaciones apenas son seguidas.
La sociedad española es una de las más secularizadas y religiosamente descreídas del continente europeo. Sin embargo, el Estado español conserva todavía importantes restos de nacional-catolicismo y da constantemente muestras de desigualdad en el trato a las religiones. Y lo hace en el propio texto constitucional, como acabamos de ver, en las leyes y los acuerdos con las religiones y en la actividad política cotidiana. Veamos algunos de los ejemplos más significativos. Leer más…
Juan José Tamayo en Redes Cristianas, 13 de Julio de 2018