Tras la sentencia

Daniel Innerarity 
El concepto de judicialización de la política se ha convertido en un lugar común, pero no por ello inválido para caracterizar la situación que se está viviendo en Cataluña. Un conflicto de naturaleza política es gestionado fuera de toda lógica política, llevado al terreno de las emociones, revestido con la categoría de una cuestión de principios y finalmente confiado al poder judicial en una especie de subcontratación que no podía sino terminar mal. El Tribunal realiza apreciaciones que entran en el terreno de lo político (como calificar de quimera a la pretensión de independencia), sin aportar por ello ninguna solución propiamente política. Por supuesto que en un estado de derecho los jueces tienen un papel importante que cumplir y el derecho tiene que ser respetado. Pero también hay respetar la autoridad de los policías municipales y nadie en su sano juicio consideraría acertado que a estos agentes se les confiaran las decisiones en materia de urbanismo.

Quienes traspasaron a los jueces su responsabilidad están ahora tratando de convertirlo en un problema de orden público (ayudados por quienes parecen interesados en darles la razón). Continuamos con el tratamiento de los síntomas y las consecuencias en vez de diagnosticar las causas. Ha salido mal algo que no podía haber salido de otra manera. Elegir los instrumentos inadecuados para resolver un problema equivale a imposibilitar su solución.

La sentencia no sólo daña injustamente a los condenados y dificulta aún más la resolución del conflicto político de fondo (que obviamente no va a extinguirse por arte de magia judicial) sino que empeora la calidad de nuestra democracia y sienta un precedente peligroso para nuestras libertades. Donde la resistencia política democrática es calificada como delito se daña ese estado de derecho al que se dice proteger…    (Leer más)