por Guillermo Múgica
DIARIO DE NOTICIAS
La conocida catedrática de Ética Adela Cortina decía recientemente que al Estado de bienestar deberíamos denominarlo, más bien, Estado de justicia. Efectivamente, la universalidad de acceso a los bienes básicos que el mismo propicia no es una concesión graciosa y generosa, y menos discrecional. Es un derecho. Histórico y contextual como todos, pero derecho. Y, por parte del Estado que lo garantiza y posibilita, un deber, el cumplimiento de una responsabilidad que le concierne. No en vano no está por encima de la sociedad y de la ciudadanía, sino por debajo y a su servicio. Tampoco podría ser de otra manera en una democracia que se pretende y proclama «social». Y que sólo es realmente tal, si lo es de justicia; y que sólo siéndolo, podrá denominarse en verdad social.
Se ha afirmado a menudo que la crítica mejor, más objetiva y radical a una determinada dinámica histórica y a los impulsos políticos que la sustentan viene de la realidad misma, de los hechos, de los efectos y consecuencias que dichos impulsos y la mencionada dinámica provocan. Pues bien, a tenor de ello, muchas y muchos pensamos que el afrontamiento general de la crisis presente no sólo es injusto e inhumano y nada tiene que ver con el tipo de democracia que consagra nuestra Constitución. Es realmente criminal, por muy dura que suene la palabra y que, aquí, no quiere tener nada de metafórica. Más aún, incluso en función de los fines que supuesta, retórica y oficialmente pretende, es irracional. Así lo vienen repitiendo hasta la saciedad algunas de las mejores mentes mundiales en materia económico-social.
A las que, por cierto, las cubrimos de distinciones y reconocimientos, premios y honores académicos y públicos, para, luego, no hacerles ningún caso en sus premoniciones, diagnósticos y orientaciones.
Hasta hace bien poco, nuestra clase política ha venido restregándonos hasta la saciedad aquello de Max Weber de la necesaria distinción entre una ética de la convicción y otra de la responsabilidad, o, lo que viene a ser lo mismo, entre una ética de valores y fines absolutos, y aquella que toma y se toma muy en serio los efectos de la acción. Pues bien, hoy los dueños del dinero -mayormente financiero-especulativo- y sus socios o asociados políticos han elevado al rango de valores supremos y de categorías absolutas el mercado neoliberal, la maximización de beneficios, el pago de la deuda -generada principalmente por ellos mismos-, la contención del déficit, la anorexia del Estado de Bienestar, la privatización de los servicios públicos, etcétera. Todo ello muy en consonancia con un proceso que viene de bastante atrás y que bien puede catalogarse como contrarrevolución neoliberal. (En dicho marco no resulta casual que se venga hablando con todo desparpajo, incluso, y sin que produzca mayor reacción, de «golpes de estado financieros»). Ponen en práctica sin rubor aquel exabrupto, que es una desmedida e inadmisible torpeza, de nuestra jota coral: «¡si se hunde el mundo, que se hunda!». ¿Que millones de personas van al paro?: ¡que se vayan! ¿Qué la pobreza y la exclusión se disparan?: ¡que se disparen! ¿Qué los servicios y las prestaciones sociales se precarizan y no alcanzan?: ¡que se precaricen! Hoy, en suma, con la anuencia mayoritaria de quienes dicen representarnos, nos están convirtiendo a los ciudadanos y ciudadanas en meros felpudos a la entrada de las mansiones de los ricos y de las casas, menos lujosas pero confortables, de los privilegiados del sistema. Y encima nos controlan e inmovilizan con esa guardia de seguridad tan suya que es el miedo.
Refiriéndome a un asunto distinto al que ahora me ocupa, escribí hace algún tiempo en este mismo periódico que, a veces, se dan situaciones en las que «lo ético deviene imperativo político». Creo que estamos ante una de ellas. Considero de tal calibre la irresponsabilidad ético-social de las políticas anticrisis puestas en marcha, que su rectificación y el diseño de políticas alternativas me parecen un deber político inexcusable. Será todo lo difícil que se quiera. Pero, a estas alturas, ante el inmenso acervo de ideas, iniciativas y propuestas que están ya sobre la mesa, no parece que, honestamente, pueda afirmarse que no hay alternativas o que no existan otros caminos. La gran pregunta es a quiénes pretendemos servir, qué valores e ideales queremos promover, a qué estilos personales, modos de vida y de relaciones aspiramos.
Hablo como ser humano y como cristiano. Pienso que no hay dinero que valga el sacrificio de una vida humana, de su bienestar y felicidad. Creo, con Juan Pablo II, que el trabajador y el trabajo humano deben primar sobre el capital. Y, con Benedicto XVI, comparto la convicción de que la ciencia y la técnica no son neutras respecto a los valores, la moral y la conciencia; de que tras el mercado hay personas y que es en ellas y no en el mero instrumento desnudo donde radican las aberraciones y excesos del mismo; de que la cuestión social se ha convertido, radicalmente, en una cuestión antropológica y, por ende, también ética y, por supuesto, eminentemente política. Y quiero sumarme también a la creciente denuncia social de unas decisiones y unas prácticas que se nos presentan como Arca de Noé salvadora, cuando, en realidad, están siendo mortales para la vida y la convivencia: en lo individual, lo familiar y social, lo ciudadano y político, lo cultural y medioambiental.