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Cuatro víctimas de abusos en los años 60 alertan de que reciben “indemnizaciones vergonzosas” y confían en que el Defensor pueda reevaluar sus casos y hacer Justicia

Cuatro víctimas de pederastia en la década de los 60 en los colegios de los Hermanos Maristas de Pamplona, tanto en San Luis como en Santa María la Real, se concentraron este jueves ante este centro escolar en Sarriguren para denunciar las “barbaridades” que sufrieron en su infancia y a su vez la falta de respuesta por parte de la institución religiosa y las indemnizaciones “indignantes” que se les acaban de reconocer, que resultan insultantes en su cuantía y dado el grave daño sufrido por alguno de ellos. Es más, Maristas no había respondido a esta solicitud de reparación pese a tener desde hace meses los dictámenes a favor de la diócesis. Lo ha hecho precisamente esta semana cuando sabían que sus exalumnos habían convocado a los medios para denunciar la inacción del colegio y de la orden. “Hasta este momento todo era silencio. No se había dicho nada después de siete años de lucha”, afirma Marcos Leyún, una de las víctimas y portavoz de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra. Junto a él, otras tres víctimas –Joaquín Galar, Koldo Eslava y Patxi Goñi– comparecieron acompañados de amigos, familiares y víctimas que integran la asociación ante el colegio de Maristas ubicado en Sarriguren portando carteles con el lema Basta ya de silencios… Leer más (Enrique Conde)

Público

• Las víctimas contarán con un asidero en la administración pública, que tendrá la última palabra en caso de discrepancia, y las reparaciones económicas serán a cargo de la Iglesia.
• Las indemnizaciones estarán exentas de IRPF, según la Conferencia Episcopal, que señala que se trata de una «vía temporal con una duración de un año», prorrogable por otro más.

El Gobierno y la Conferencia Episcopal han anunciado este jueves un acuerdo para reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica para las que ya no es posible la vía judicial debido a la prescripción del delito o la muerte del agresor. El Defensor del Pueblo —con quien el Gobierno debe ahora firmar un convenio que pondrá en marcha el proceso— será una figura clave en el nuevo mecanismo, en el que también participarán las víctimas, cuyos representantes han sido convocados este viernes por el Gobierno. Las reparaciones económicas, en su caso, correrán a cargo de la Iglesia.

El fracaso de los canales abiertos por la Iglesia, como el plan PRIVA, para la reparación de los abusos ha llevado a la apertura de esta nueva vía, cuyo pacto ha llegado tras largos meses de negociación y diversas tensiones entre la jerarquía católica y el Gobierno. De este modo, las víctimas tendrán un asidero en la administración pública, que tendrá la última palabra. Para el Ejecutivo, se trata de un acuerdo «histórico»… Leer más (Raúl Bocanegra/Miguel Muñoz)