“Nunca habíamos visto tal capacidad del Estado colombiano para destruir a los defensores y su trabajo.”

Bruselas, 12 de noviembre de 2009

Defensores de derechos humanos que representan a diversas organizaciones que trabajan en Colombia, testimonian en un documental editado por Protection International, la persecución que sufren por parte del Estado colombiano.  Recurren a la solidaridad internacional para presionar al gobierno colombiano y obtener la debida protección que les otorga los compromisos tales como las Directrices de la Unión Europea sobre defensores de derechos humanos. 

Este documental se puede ver en:

http://www.protectionline.org/spip.php?article8894

Un reciente informe, al que ha tenido acceso el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, con sede en Bogotá, constata prácticas masivas de escuchas telefónicas, y de controles abusivos de correos electrónicos que los servicios de seguridad del Estado, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) llevan a cabo contra defensores, sindicalistas, periodistas, campesinos, indígenas, magistrados del Tribunal Supremo colombiano e incluso, contra delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)de la OEA a su paso por Colombia. "Colocar a una institución del Estado (El Departamento Administrativo de Seguridad-DAS.), que depende directamente del Ejecutivo, para perseguir de la manera mas infame a los defensores de derechos humanos, hasta la mas profunda intimidad de sus familias, de sus hijos…nunca habíamos visto tal voluntad del Estado de destruir el trabajo de los defensores" declara en ese documental, Luis Guillermo Pérez de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH).

El caso de Martín Sandoval, del Comité Permanente de Derechos Humanos de Arauca es sintomático: estuvo encarcelado siete meses después del operativo llevado por el DAS. e diversos organismos del Estado colombiano el 4 de noviembre 2008 en Arauquita. “Sólo la solidaridad internacional y una visita de una delegación del Parlamento británico y de sindicalistas estadounidenses y canadienses consiguieron que nos liberaran”.

“Por ser abogado defensor de campesinos muchas veces acusados de ser guerrilleros, a nosotros abogados se nos acusa de ser parte de los grupos insurgentes, yo he tenido la suerte de seguir en vida pero otros abogados no tuvieron esa suerte” dice Ramiro Orjuela, del Comité de Derechos Humanos del Ariari (departamento del Meta).

Luis Alberto Vanegas, de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), recuerda que “Colombia es el primer país en asesinatos de sindicalistas. En este año 2009, llevamos ya 26 sindicalistas asesinados”. A su vez, por haber presentado un informe sobre violencia e impunidad contra sindicalistas ante el Congreso norteamericano, Lina Paola Malagón, de la Comisión Colombiana de Juristas fue señalada como “apátrida”: “Semanas después me amenazaron gravemente y tuve que desplazarme temporalmente del país para seguir con vida”

Emmanuel Raison, portavoz de Oidhaco, organización que agrupa a 30 organizaciones europeas que trabajan por los derechos humanos en Colombia y a su vez firmante de la campaña declara entre otras cosas: “Es por mandato, por las directrices de la Unión europea sobre defensores, que los países europeos tienen que estar pendientes de la situación de defensores en Colombia: cosas importantes ya se han hecho pero pensamos que se queda corto con la gravedad de la situación”