Un silencio inquietante.

Red PAZ PARA EL CONGO
EDITORIAL Congo Actualidad nº166
Traductora: Ana Alonso Grandes

En una entrevista reciente, el periodista franco-camerunés Charles Onana afirma haber comprobado que, «en Europa, es muy difícil hablar de víctimas congoleñas y del saqueo de los recursos naturales de la República Democrática del Congo (DDC), a pesar de los informes emitidos por la ONU sobre estas cuestiones». Según Onana, «los medios y la esfera política europea miran la situación congoleña solo bajo el prisma de las FDLR (grupo rebelde ruandés afincado en el este del Congo) y de los grupos Mai-Mai, sin conocer las fuerzas de ocupación reales en absoluto. Por ejemplo, hablar del papel de Ruanda y de su injerencia en la RDC es un tema tabú para las instituciones europeas e incluso para algunas organizaciones que defienden los derechos humanos. Se trata de una forma de censura que no puede justificarse. Por lo tanto, es necesario romper la ley del silencio». Onana cree que «la tragedia vivida por el pueblo congoleño en la zona este del país es el resultado de una política deliberada de sobre explotación y de esclavitud, donde las grandes potencias occidentales, las multinacionales y los grupos mafiosos son los protagonistas. Los países que limitan con la RDC, considerados como “los padrinos de la agresión al Congo”, Ruanda y Uganda en particular, están más bien al servicio de los intereses occidentales».

Las máscaras que esconden un sistema de explotación.

La creación del movimiento M23 (23 de mayo), en el pasado mes de mayo, un grupo armado al que Ruanda y Uganda apoyan desde el punto de vista militar y logístico y que es responsable de numerosos crímenes de lesa humanidad, obliga a reflexionar sobre este tema con mayor profundidad y a preguntarse por su origen. Si se tiene en cuenta su composición, el M23 sigue los pasos de otros grupos armados anteriores, que también contaron con el apoyo de Ruanda, su proveedor de armas. Si reconstruimos en retrospectiva la historia de los últimos dieciséis años de la RDC, entre estos grupos podemos encontrar el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), creado en 2006; la Coalición Congoleña para la Democracia (CCD) y sus distintas ramas, creada en 1998; y, por último, la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire (AFDL), que nació en 1996.

Los señores de la guerra al mando militar de estos grupos armados se han convertido en los generales y los coroneles del ejército nacional. Los jefes de las ramas políticas de estos movimientos rebeldes se encuentran actualmente en el Parlamento, en el Gobierno y en la Administración Territorial. A lo largo de los años, hemos presenciado cómo se consolidaba un sistema basado en la AFDL, el CNDP, el M23 y en la explotación ilegal de los recursos naturales de la República Democrática del Congo, cuyo epicentro es Ruanda, pero cuyas consecuencias de muerte y de empobrecimiento tienen un impacto nefasto en la RDC. Es bien sabido que este sistema depende del apoyo del régimen ruandés: Kinshasa actúa bajo las órdenes de Kigali, en particular las del presidente Paul Kagame, las del ministro de Defensa James Kabarebe y las de la ministra de Asuntos Exteriores, Louise Mushikiwabo.

Hay una solución y es de carácter político.

El pueblo congoleño quiere un cambio radical. Sin embargo, ¿cómo conseguirlo?, ¿cómo oponerse al sistema vigente de la AFDL, el CNDP y el M23 que posee el poder y las armas? Algunos proponen convocar manifestaciones, un levantamiento popular o recurrir a las armas. En ese caso, se corre el riesgo de sufrir una represión salvaje por parte del poder cuya víctima principal sería el pueblo.  Una alternativa posible es poner fin al apoyo que el sistema recibe desde el exterior, especialmente del régimen ruandés. Habría que impedir que Kigali continuara pilotando el sistema imperante en la RDC, tal y como lo hace actualmente apoyando al M23. Ese tipo de sanciones contra el régimen ruandés son las que la sociedad congoleña reclama con insistencia al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Unión Europea, siempre intentado evitar consecuencias nefastas sobre la población de Ruanda. Las sanciones pueden comprender una serie de medidas, como el embargo de las importaciones de armas y las exportaciones de minerales expoliados al Congo y etiquetados en Ruanda, la suspensión de la cooperación militar, la emisión de órdenes de detención internacionales y la congelación de bienes a las personas y entidades implicadas en el conflicto y que aparecen citadas en los informes de la ONU. Debilitar el régimen ruandés actual es la manera de poner punto y final al sistema AFDL-CNDP-M23 que domina la RDC. Se trataría de una operación rápida, sin gastos y, probablemente, mucho más eficaz que la intervención hipotética de una «fuerza internacional neutral». Solo hace falta un mínimo de voluntad política. Al mismo tiempo, la ONU y la UE deberían presionar a Kinshasa, especialmente en el terreno de la democratización del país (la reforma de la comisión electoral), el respeto de los derechos humanos (el juicio a Chebeya), la seguridad (cambio de la cadena de mando en el ejército y la policía, un salario justo para los militares), la lucha contra la impunidad y la corrupción (reforma del sistema judicial) y el sector minero (la lucha contra la explotación de los recursos naturales del país).

Si se cumplen estas condiciones, siempre cabe esperar un futuro pacífico para la República Democrática del Congo.

Red PAZ PARA EL CONGO
EDITORIAL Congo Actualidad nº166
Traductora: Ana Alonso Grandes