Asegura que «el Estado entrega a la Iglesia católica más de 10.000 millones de euros anuales». La práctica religiosa no es un servicio público que beneficie a toda la ciudadanía y son los fieles de cada confesión quienes, en su caso, deberían contribuir a la financiación de su culto, clero y actividades religiosas. Suprimir sus privilegios fiscales y financieros». Unidos Podemos ha llevado al Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a dar «establecer un calendario» con «un plazo de adaptación de cinco años» para lograr que la Iglesia católica alcance «la completa autofinanciación» exclusivamente a través de las donaciones de sus fieles.