Graves irresponsabilidades, encubrimientos y complicidades en la ONU y en occidente

Juan Carrero Saralegui. Presidente de Fundació S´Olivar.

Desde el 1 de octubre de 1990, el FPR (Frente Patriótico Ruandés) de Paul Kagame y, en menor medida, el ejército ugandés de Yoweri Museveni han cometido en Ruanda y Congo los mayores crímenes desde la 2ª Guerra Mundial.

Por la violencia directa o consecuencias colaterales, han perdido la vida más de 8.000.000 de personas. ¿Cómo semejante tragedia ha suscitado tan escasa atención en nuestro mundo? ¿Cómo, en cambio, se sigue hablando sin cesar de las 800.000 víctimas tutsi asesinadas en Ruanda en abril de 1994 a manos de los extremistas hutu? Una respuesta escueta y centrada en lo más fundamental podría ser ésta: tal farsa y tal barbarie sólo es posible por la complicidad y encubrimiento de las NN.UU., manipuladas por los grandes Estados que más se benefician del pillaje de los excepcionales recursos naturales del Congo.

Pero el 6 de febrero de 2008 se produjo un acontecimiento decisivo: la emisión del Auto dictado por un Magistrado de la Audiencia Nacional Española, Fernando Andreu Merelles, en el que se decretó prisión para 40 máximos cargos del FPR. Es un acontecimiento cuyas consecuencias en favor de esos dos pueblos son cada vez más reales y eficaces. Los delitos son los más graves posibles: genocidio, lesa humanidad, terrorismo… Se excluye al presidente Paul Kagame, por gozar de inmunidad por su cargo. El 17 de Febrero de 2009, el mismo Magistrado requirió a las Naciones Unidas algunas de las pruebas que sobre ese gran pillaje obran en su poder.

Hasta el momento el Secretario General de NN.UU no ha atendido la Comisión Rogatoria Internacional. Pero el Grupo de Expertos creado por el Consejo de Seguridad de las NN.UU. para esclarecer los apoyos a las FDLR, -grupos armados que operan en el Este del Congo-, ha emitido un Informe acusando a la Fundació S’Olivar, promotora de la querella criminal, y a la Asociación Inshuti, de financiar a las FDLR. Las “pruebas” se reducen a un cúmulo de vaguedades o transcripciones de supuestas conversaciones que implicarían al presidente de Inshuti. Pero lo peor ha sido la instrumentación mediática que se ha hecho de este Informe. Se publicaron filtraciones periodísticas primero en The Kigali New Times, el diario oficioso de la dictadura ruandesa, y después en los diarios españoles Público y El País.

Todo esto confirma las conclusiones del encuentro, en La Haya, de 120 expertos juristas internacionales y abogados en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). Una de sus principales denuncias fue la utilización de falsos testigos. Las intervenciones de estos expertos partían de las declaraciones de Carla del Ponte, antigua Fiscal del TPIR, apartada de su cargo por los EE.UU. y el Reino Unido, en las que denunciaba las manipulaciones de estas dos potencias para encubrir los crímenes masivos del gobierno Ruandés y asegurar así su impunidad.

En paralelo está la actuación del Gobierno Español. El Secretario de Estado de Exteriores, Ángel Lossada, viajó a Kigali a mediados de octubre. El día 17, The Kigali New Times, se refería a la rueda de prensa conjunta que realizó con la Ministra de Exteriores de Ruanda: “Ángel Lossada, [..,] ha dicho: ‘No creo que éste sea un gobierno terrorista. He venido aquí para colaborar con las autoridades ruandesas a fin de mantener las mejores relaciones con este país. […] El dignatario español manifestó haber invitado al Ministro de Justicia de Ruanda a España para allanar problemas con su colega español […] Dijo [la ministra ruandesa] que durante la visita del ministro de justicia, éste se encargará de demostrar claramente cómo las acusaciones de Merelles tienen motivaciones políticas.”

En la visita del Ministro de Justicia ruandés a Madrid fueron los periódicos Público y El País los encargados de “demostrar” las motivaciones políticas de “Merelles”. Más aún: “demostraron” el apoyo de los querellantes a grupos armados y apoyaron plenamente las graves calumnias de las NN.UU. contra las dos ONGs españolas. Los titulares de ambos periódicos, los días 25 y 26 de noviembre, acusaban a “religiosos españoles”, a “la Iglesia”, a “curas católicos”, de “financiar” “crímenes de guerra” y de “apoyar” a “la guerrilla hutu” justificando así los asesinatos de miembros del clero nativo y de misioneros. Religiosos y misioneros son ser testigos incómodos de sus crímenes y lúcidas fuentes de información.

NN.UU. colabora estrechamente con el FPR para desprestigiar e incluso criminalizar a los promotores de la querella criminal. No sólo oculta Informes demoledores para el FPR y para las grandes potencias que lo sostienen y encubre los grandes intereses mineros en el Congo, sino que varios de los 40 altos cargos ruandeses buscados por la justicia española ocupan o han ocupado cargos de alta responsabilidad en la ONU.

El FPR está inquieto e irritado por el Diálogo Intra Ruandés promovido también por la Fundació S´Olivar. Al ser totalmente no-violenta y haber recibido el apoyo unánime del Parlamento español, es muy incómoda para la dictadura ruandesa. Sin duda la historia nos juzgará a todos, pero el día en que esta enorme tragedia ocupe los espacios que se merece en los grandes medios de comunicación, ésta será una de las páginas más bochornosas de las Naciones Unidas y de occidente. Estos hechos exigen una reacción decidida. Los pueblos y gobiernos de aquellos Estados miembros de las Naciones Unidas que conserven alguna ética no deben tolerar más esta situación. Es preciso que se hagan públicos los Informes de las propias Naciones Unidas que corroboran estos crímenes y que los criminales sean perseguidos, junto con sus encubridores.