EDITORIAL Congo Actualidad 197

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Palabras y nada más que palabras

Una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU ha llegado hace poco a la República Democrática del Congo (RDC), a Ruanda y a Uganda. El motivo de la visita: la inseguridad en la provincia de Kivu del Norte causada por los diferentes grupos armados que siguen activos. Entre ellos se encuentra el Movimiento 23 de Marzo (M23), un grupo militar armado que cuenta con el apoyo de Ruanda y Uganda. En Goma, la capital de Kivu del Norte, la delegación del Consejo de Seguridad ha declarado que una solución militar por sí sola no resolverá en su totalidad el conflicto entre el gobierno congoleño y la rebelión del M23. Según la delegación, la crisis actual que ha sido provocada por el M23 no cuenta con una “solución militar” y solo será resuelta por la “vía política”. La delegación ha hecho referencia a las negociaciones que se están llevando a cabo en Kampala entre el gobierno congoleño y el M23 y ha asegurado estar esperando una conclusión rápida de estas reuniones mediante un acuerdo político.

Las negociaciones de Kampala en un callejón sin salida

Estas negociaciones han sido retomadas el pasado 10 de septiembre y debían terminar en los siguientes 14 días, pero se encuentran paralizadas actualmente. Tres son los temas principales que se están debatiendo: la cuestión de una amnistía eventual para los miembros del M23, una posible reintegración de los soldados del mismo en el ejército regular y de los dirigentes políticos de este Movimiento en las instituciones políticas nacionales y provinciales. La delegación del gobierno ha presentado una lista de ochenta oficiales militares del M23 que quedan excluidos de toda posibilidad de amnistía y reintegración en el ejército regular, al ser reincidentes o perseguidos por la justicia tanto congoleña como internacional, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Una segunda lista contiene los nombres de una veintena de personalidades políticas del M23 que, por las mismas razones, no podrían integrarse en la vida política del país.

La ambigüedad nacional

La comunidad internacional y la ONU también afirman que no se puede reintegrar en el ejército regular y en la vida política a personas que son perseguidas por la justicia. Y es en este punto en el que la comunidad internacional y las Naciones Unidas parecen contradecirse o, por lo menos, mostrar su ambigüedad, porque, al parecer, cada una quiere una cosa y su contraria.

En efecto, resulta difícil comprender lo que quieren decir cuando proponen una “solución política” al conflicto. ¿Acaso pretenden un compromiso entre el M23 y el gobierno congoleño sobre las listas presentadas por este último? ¿Tienen la intención de que se realice una reducción de las mismas eliminando algunos nombres? ¿Cuáles serían los que permanecerían o los que se borrarían de estas listas? En ese caso, se produciría un desorden que seguramente contendría el germen de una futura rebelión.

A partir de ahora, la “vía política” fija todos sus límites; sobre todo porque el M23 ha adoptado tres estrategias. Una estrategia de distracción, presentándose como el defensor de los derechos humanos mientras que es él mismo el primero que los viola, una estrategia diplomática de mentiras, afirmando una cosa y haciendo la contraria y una estrategia de negociación, en vista de darse el tiempo necesario para preparar la siguiente fase de la guerra. La “vía política” tendría sentido si fuera acompañada de una “presión militar”.  Esto es lo que reclaman el gobernador y la sociedad civil de Kivu del Norte.

Promesas que no se cumplen

El pasado 2 de septiembre, Mary Robinson, enviada especial del secretario general de la ONU para la región de los Grandes Lagos, declaró en Goma que “algunas veces es necesaria una acción militar para proteger a los civiles”. En una rueda de prensa en Goma que tuvo lugar el pasado 1 de agosto, el comandante militar de la MONUSCO, el general Alberto Dos Santos Cruz, ya había declarado que “crear la zona de seguridad alrededor de Goma representaba sólo la primera etapa de una operación estratégica de apoyo al ejército congoleño y de reconquista progresiva de Kivu del Norte, zona por zona”. El pasado 4 de agosto, el jefe de la MONUSCO en Goma, Axel Queval, volvió a afirmar que el objetivo de la MONUSCO es desarmar a los grupos armados, que la zona de seguridad tendrá que extenderse a otros territorios y que la Misión se realizará de forma progresiva, paso a paso. Resulta difícil entender por qué el perímetro de la zona de seguridad aún no se ha extendido dos meses y medio después de estas declaraciones. ¿No tienen los habitantes de Rutshuru derecho a vivir, también, en una “zona de seguridad”? De hecho, no paran de gritar que son “tomados como rehenes por el M23 y ahogados por su administración” responsable de asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. Estas quejas son más que suficientes para justificar una nueva intervención militar.

Un acuerdo olvidado

Otro aspecto muy importante que parece haber sido olvidado durante la última visita del Consejo de Seguridad a la región de los Grandes Lagos: la incorporación del Acuerdo de Adís Abeba, firmado por todos los países de la región. A través de este acuerdo, cada país se comprometió, entre otras cosas, a respetar la soberanía nacional y la integridad territorial de los países vecinos, evitar cualquier injerencia en la vida política y militar de los países vecinos, no apoyar a ningún grupo armado y no acoger a figuras militares y políticas buscadas por la justicia.

Aplicar estos compromisos se considera más que suficiente para detener automáticamente todas las actividades de los grupos armados y, por lo tanto, restablecer la paz, la seguridad y la estabilidad en el este de la República Democrática del Congo y en toda la región de los Grandes Lagos. Si todavía no se han logrado estos resultados es porque algunos países violan este acuerdo y no cumplen sus compromisos. Según los informes del grupo de expertos de la ONU y las ONG, Ruanda y Uganda forman parte de los países que no respetan el acuerdo.

¿Cuándo se decidirán sanciones concretas de forma conjunta?

Estos últimos días, la Secretaría para África del Departamento de Estado de EE.UU. declaró que había decidido “sanciones contra Ruanda, dado que apoya a un grupo rebelde (el M23) que sigue reclutando jóvenes para sus tropas y que pone en peligro la paz y la estabilidad en el este de la República Democrática del Congo”. Según algunas fuentes indiscretas, estas sanciones consisten en “interrumpir cualquier tipo de asistencia en la formación y el entrenamiento militar para 2014”.

Sería conveniente que otros países de la comunidad internacional (incluida la Comunidad Europea) pudieran abandonar su cooperación militar con Ruanda y Uganda, y que el Consejo de Seguridad de la ONU pudiera decretar un embargo de armas destinadas a estos dos países involucrados en el conflicto en la zona este de la RDC. También podrían añadirse otras medidas disciplinarias (embargo preventivo de bienes y prohibición de viajar al extranjero) y judiciales (emisión de órdenes internacionales de detención por la Corte Penal Internacional) contra las figuras políticas y militares mencionadas en los diferentes informes internacionales. La aplicación del Acuerdo de Adís Abeba representa sin duda la “vía política” que podría asegurar la paz en el este de la RDC y en la región de los Grandes Lagos. La comunidad internacional y las Naciones Unidas deberían seguir este camino y deshacerse de la presión que ejercen algunos grupos internacionales, económicos, financieros y políticos sobre ellas.

Traducción: Tamara Barrio Barrio y Aurélie Fabriès